La opinión pública nacional ha prestado atención en los últimos meses a la tramitación del Plan Hidrológico Nacional, el cual ha restado protagonismo a otro ejemplo de planificación, no menos importante, que es el Plan Galicia-Costa, es decir, el que compete en exclusiva a la Xunta por tratarse de cuencas fluviales que se encuentran íntegramente en Galicia.

Ambos planes caen en los mismos vicios, repiten los mismos errores y son una mera huida hacia delante del actual desgobierno hidráulico que sufre España. El Plan de Galicia-Costa no incluye para nada la gestión del agua y del resto del dominio público hidráulico, sino que es un mero catálogo de obras redactado a mayor gloria de las empresas hidroeléctricas, auténticas dueñas de facto de los ríos gallegos y de muchos pasillos de la Administración autonómica. Una muestra de ello ha sido el ilegal acuerdo firmado el año pasado entre la Xunta y Unión Fenosa para evitar la aplicación de la ley que protege los ecosistemas fluviales y el inconstitucional borrador de Decreto que prevé eliminar de un plumazo la autonomía municipal, consagrada en la Constitución, a la hora de otorgar las licencias locales preceptivas.

Carece dolosamente de todo atisbo de auténtica gestión porque dada la actual sobrecapacidad de producción de energía a nivel nacional (y contando con unos niveles de derroche que deberían avergonzarnos a todos), no es necesario construir ninguna central más ni mantener todas las existentes. Es más, Galicia es una región exportadora de energía y la única razón de todo este caos se basa en los ingentes subsidios que les pagamos a estas empresas, que utilizan a su antojo nuestros ríos. En términos generales, existe una capacidad de generar 43.000 megawatios, mientras que el consumo máximo en esta espiral de derroche ha sido de unos 34.000. Basta aplicar programas serios de ahorro para ver que esa diferencia puede aumentar.

Vista la situación actual, el plan gallego prevé, contra todo sentido común, ambiental y social, el levantamiento de 24 grandes presas y un centenar largo de centrales hidroeléctricas autonómicas, que no crearán empleo alguno y acabarán con el desarrollo rural de numerosos municipios.

Hay que decir también que la versión oficial de que la energía hidroeléctrica es "limpia" no se corresponde con la realidad: genera un gravísimo impacto ambiental al desforestar, represar y canalizar el lecho y riberas, a la vez que suponen un obstáculo infranqueable para especies tan emblemáticas como el casi extinto salmón atlántico y con sus repentinas sueltas de agua artificializan el flujo de la corriente y suponen un grave riesgo para la vida de las personas que disfrutan del río.

Afortunadamente, la sociedad gallega reacciona con rigor, seriedad y valentía frente a la humillante postración que la Consellería de Política Territorial, la de Medio Ambiente y Aguas de Galicia realizan frente a empresas como Ferroatlántica, Unión Fenosa o Hidroeléctrica Cortizo. De nada sirven meras operaciones de maquillaje como las inútiles escalas icticas, repoblaciones-propaganda o declaraciones como la estulticia de afirmar que seis presas en el Lérez no afectarán al río, yendo contra todo criterio de verdad. El trabajo de organizaciones como Cogader (Coordinadora Gallega de Defensa de los Ríos) y de asociaciones ribereñas y de pescadores deportivos es digno de todo elogio.

La alternativa se encuentra, como he dicho más arriba, en la gestión de la demanda de energía y agua y en la recuperación de los ríos, llegando incluso a la demolición de embalses, tal como se hace por decenas en muchos países occidentales como Francia y los EE UU. Tampoco hay que olvidar la depuración de las aguas y el control de la contaminación agroganadera. Sin embargo, la realidad nos dice que todo esto va con un injustificable retraso.

Para terminar, no hay que irse muy lejos para saber que las cosas están cambiando. Hace escasas semanas el Parlamento asturiano ha aprobado, por unanimidad y a petición del Partido Popular, una declaración en la que se insta a la Confederación Hidrográfica del Norte a que rechace cualquier nueva solicitud de concesión hidroeléctrica. Como se ve, algo a años luz del patio de Monipodio en que se ha institucionalizado la picaresca, la corrupción y el abuso que sufre la sociedad gallega.

* Profesor de Derecho Administrativo, de AEMS-Ríos con vida. Premio Nacional de Medio Ambiente 1998